Funcionarios del gobierno de Salta, incluyendo a hermanos del gobernador, son dueños de las empresas de desmontes. Bibiloni autorizó cifras récord. J. Lanata. 
“Cuando llueve, el terreno no tiene absorción porque faltan las raíces de los árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente. O sea, si el agua no es consumida por la vegetación, se inunda”.
Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional.
Del tártago sale el aceite de ricino, llamado en el mundo “castor oil” (aceite de castor). Hace cuatro mil años lo usaban los egipcios como planta medicinal o combustible para sus lámparas, y sus hojas parecen una estrella dibujada por Miró, de puntas juguetonas y alargadas. Purgante y combustible, el tártago también se utiliza en cosmética para alargar las pestañas. Esta planta rústica y llena de estrellas sabe sobrevivir: se adapta con facilidad a distintos ambientes y tiene una gran resistencia a la sequía. Pero no sobrevivió a Tartagal. En Tartagal ya casi no quedan tártagos, y el equilibrio se rompió como una rama seca. Esta población de 56 mil habitantes vive sobresaltada desde su fundación en 1924: fue entonces cuando se descubrió petróleo, el 25% del total de la cuenca del país y alrededor del 16% de la producción de gas. Tartagal vivió entonces la quimera del oro hasta 1992, cuando Menem privatizó YPF y el 90% de la población de la ciudad quedó desocupada. En 1999, y en 2002, y en 2003, la rabia llegó a la calle y la ciudad se convirtió en un polvorín.
En 2006 el agua llegó a apagar el fuego, y Tartagal se hundió en el barro. Ya habían sido taladas 609.323 hectáreas, y todos se golpearon el pecho y dijeron que había que parar. Pero el entonces gobernador Romero, en su último año de gestión, mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congresó, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (sí, veintitrés) veces la Capital Federal en un solo año. Muerte, grietas y barro después, la Presidenta reglamentó la Ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007. El artículo 42 de la Ley de Bosques le otorga al Poder Ejecutivo noventa días para reglamentar la norma. Pasaron catorce meses hasta que Cristina se decidió a hacerlo. Ya era, claro, tarde. Pero el Gobierno insiste en que el hecho no debe vincularse con Tartagal.
NUNCA LO HICIMOS (NI VOLVEREMOS A HACERLO). Entre 2004 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para 2008 y tal vez ahora se frenen con la Ley de Bosques, que en Salta comenzó jugando en desventaja: pierde su partido 191 a 2, en el mejor de los casos. Si se analiza la distribución de permisos de desmonte según la zona, el departamento San Martín (al que pertenece Tartagal) está en segundo lugar en el ranking.
Secretaría de Ambiente de la Nación durante la gestión de Romina Picolotti revela que con Juan Manuel Urtubey en el poder, aliado K, se desmontaron en 2008 136.000 hectáreas, la mayor parte en el departamento San Martín, en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco.
“La deforestación registrada –señala el informe fechado en noviembre– indica que se trata de uno de los procesos de transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país, siendo el avance de la frontera agrícola la causa principal (…) el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente para el monocultivo de soja”. El segundo cuadro ilustra esa pérdida.
Pocas tragedias han sido tan anunciadas como la de Tartagal: un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta en 2006, luego de la primera gran inundación, advertía sobre la inminencia de otras catástrofes. En su “Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia”, Claudio Cabral y Gloria Plaza aseguraban que en la cuenca alta “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada”, favoreciendo la erosión. “La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita”, concluían Cabral y Plaza. El estudio fue elevado a la municipalidad de Tartagal.
–Las causas fundamentales del alud –comentó a este diario Osvaldo Canziani, doctor en Meteorología, miembro del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático, en referencia al último evento– son las lluvias intensas, características de la época del año, y el mal uso del suelo. La deforestación es un flagelo que tiene un conjunto de implicaciones graves, las que, directa o indirectamente, han contribuido a generar los desastres de Tartagal, la pampa húmeda y las inundaciones de Santa Fe en 2004 y Cañada de Gómez en 2000.
–¿Hay puntos en común entre este alud y la inundación de 2006 en Tartagal?
–No sólo los hay sino que la primera inundación ha agravado las consecuencias de ésta y las que seguirán debido a la exacerbación de los eventos extremos, entre los cuales no deben descuidarse las sequías proyectadas para el Noroeste argentino en este siglo XXI.
BUSINESS ARE BUSINESS. En Salta muchos políticos juegan en el bosque: mientras se debatía en Buenos Aires la demorada Ley de Bosques, en Salta, en la diagonal de la escena, los hermanos del gobernador kirchnerista Urtubey crearon una empresa dedicada al desmonte. Facundo Norberto (46 años, director de la Agencia de Promoción de Salta, esto es, funcionario) y José Antonio Urtubey (34 años) crearon la firma JOFA, que tiene entre sus objetos sociales el de “explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras”. Facundo ya tenía cierta experiencia en el área: a poco de asumir su hermano gobernador formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL. El senador justicialista Alfredo Olmedo llevó sus intereses al recinto: el bautizado Rey de la Soja presentó un proyecto de “ley de ordenamiento territorial” que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas. Olmedo tiene varias denuncias por desmonte irracional y fue favorecido por Romero con la entrega de 320 mil hectáreas de tierras fiscales. Para no ser menos, el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, es, según confirmó a Crítica de la Argentina el secretario general de la CTA Tartagal, Diego Alcoba, “propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región, y beneficiario directo de los desmontes masivos”. Leavy aparece desde 2001 ante la AFIP declarando que su actividad principal es la de “extracción de productos forestales de bosques cultivados”.
Los cruces entre política, soja y alud son inagotables: la familia Mochón, por ejemplo, desmontó 38.900 hectáreas y su “gestor” fue el ex diputado nacional, ex ministro de gobierno y conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Camisar. César Raúl Mochón es titular del Grupo Solanas y presidente de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, y el desmonte se autorizó en tierras para ganadería en la Estancia Ezrah, del departamento Rivadavia. Aníbal Caro, ex secretario de Empleo de la gobernación hasta 2007, preside la empresa Desafío del Chaco junto a Ernesto Pablo Casal: obtuvieron autorización para talar 10.420 hectáreas.
El gobierno salteño autorizó también el desmonte de 1.670 hectáreas a la firma Los Dos Ríos SA en los alrededores de Orán, que abarca parte de la selva de los yungas, una zona declarada Reserva Mundial de Biósfera por la UNESCO. Los Dos Ríos es de Mario Ernesto Gerala y el síndico es Julio César Loetayf, dos veces diputado nacional y hoy ministro de Desarrollo Económico de Urtubey. Gerala es un encanto: el pasado 22 de septiembre fue denunciado por reducir a la esclavitud a dieciocho peones de la etnia toba en la finca Abra Grande. Armani Agropecuaria tiene, por lo menos, un nombre elegante: pertenece a Silvio y Bruno Armani (no confundir con Giorgio ni con Exchange) y figura como aportante a la campaña de Cristina con tres donaciones de 15.000 pesos cada una, el 19 de octubre de 2007.
“Quería compartir con el conjunto de la Secretaría el logro institucional materializado en la fecha”, comienza un mail enviado a toda su Secretaría por Homero Bibiloni a las 17.02 del 13 de febrero. “Hemos reparado una deuda ambiental”, prosigue el ahora secretario de Ambiente, reemplazante de Picolotti. Bibiloni, el conmovido funcionario, es el funcionario que autorizó la mayor tasa de desmonte como subsecretario de Atilio Savino. Aunque, como se sabe, todo es siempre fruto de la casualidad.
Investigación: J L / Jésica Bossi.
