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26/4/23

EL SIGNIFICADO DE LA AUTONOMÍA SANTIAGUEÑA

Por: María Mercedes Tenti

Producida la revolución de mayo y realizado el pasaje del pacto de sujeción al pacto social para fundamentar el derecho a la emancipación, surgió otro conflicto en torno a la discusión sobre la existencia de una o de varias soberanías. Desde Buenos Aires, la afirmación de una única soberanía como depositaria del pacto social, llevó a la consolidación de una tendencia centralista o unitaria que se contraponía a la sustentada desde el interior del ex Virreinato, que argumentaba la existencia de tantas soberanías como pueblos interiores existían.

Teniendo en cuenta las categorías usadas en la época, la expresión ‘los pueblos’ hacía referencia a las ciudades convocadas por la Primera Junta a participar a través de sus cabildos. ‘Los pueblos’ designaban a las comunidades, a las futuras provincias y también a las ciudades, con sentido político, no territorial. En general implicaba la pertenencia a un grupo humano con lazos comunes, a una colectividad.

Desde el inicio de la revolución coexistieron conflictivamente las soberanías de las ciudades con la de los gobiernos centrales que trataban de delimitar una soberanía única. De allí es que resulta confuso discernir cuáles eran las pretensiones de los pueblos al autogobierno y cuáles procesos que podríamos denominar autonómicos.

En las luchas autonómicas en la provincia de Santiago del Estero podemos distinguir dos momentos. El primero, correspondiente al movimiento encabezado por Juan Francisco Borges, a partir de 1814, y el segundo el liderado por Juan Felipe Ibarra en 1820. Ambos en consonancia con dos etapas diferentes en los que distintos sectores de las élites dirigentes pujaban por conservar espacios de poder y afianzarse en ellos.

En el primero, fueron las antiguas familias afincadas en la capital provinciana, funcionarios del nuevo cabildo surgido a partir de la revolución de mayo integrado por comerciantes y propietarios de tierras cercanas a la capital, con acceso al riego del río Dulce, cuya posesión les venía del pasado colonial. Fueron precisamente estas élites las que se vieron más afectadas, en la primera década revolucionaria, por las consecuencias de la revolución. Como lo señala Tulio Halperin Donghi en Revolución y guerra, su decadencia se precipitó como consecuencia de la ruina del comercio altoperuano, la escasez de mano de obra, por cuanto los hombres útiles eran reclutados por los ejércitos revolucionarios, y la falta de recursos para su reconstrucción.

Contrariamente, el sector ganadero, con propiedades cercanas a la frontera con el indio en las márgenes del río Salado, fue el que menos sufrió los avatares de la revolución. Si bien contribuía con su ganado a los ejércitos patriotas, la coyuntura económica le resultaba favorable como consecuencia de la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio libre y la ruina de la ganadería del litoral que trajo como aparejada la demanda de cueros santiagueños.

Frente a esta situación imperante, el cambio del equilibrio político local era inminente ya que la hegemonía de la capital y de los sectores propietarios de las tierras irrigadas del Dulce y funcionarios del cabildo se veía seriamente amenazada.

Esto se agudizó cuando unificado el gobierno nacional en 1814 en la figura de un Director Supremo, el primero en ocupar este cargo, Gervasio Antonio de Posadas, el 8 de octubre suscribió un decreto por el que dividía la antigua Gobernación Intendencia de Salta en dos gobernaciones: Salta, con capital en Salta, e integrada por las provincias de Salta y Jujuy, y Tucumán con capital en San Miguel, conformada por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. La consecuencia inmediata fue el comienzo de la lucha de Santiago del Estero -nuevamente considerada subalterna- por independizarse de la cabecera tucumana.

Desde enero de 1815 era teniente de gobernador de la provincia, Pedro Domingo Isnardi, simpatizante de la causa del denominado precursor de la autonomía santiagueña, Juan Francisco Borges. En abril, el gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz depuso a Isnardi de su cargo y designó jefe militar al comandante Antonio María Taboada, que apoyaba su gestión. Tanto el cabildo como las milicias locales no aprobaban esta designación y convocaron a un cabildo abierto que envió un petitorio al Director Supremo, expresándole que estaban dispuestos a sostener a su teniente gobernador ya que, decían “... no tuvimos un día más amargo que aquel aciago en que se estableció Tucumán en cabeza de provincia y se nos sometió a este Gobierno bajo el cuál no hemos experimentado otra cosa que vejaciones, insultos y despotismos”. El nuevo jefe del ejecutivo, Álvarez Thomas, contestó al ayuntamiento solicitándole que tuviese resignación para esperar que, una vez que se reuniera el Congreso General -que iba a congregarse en Tucumán al año siguiente-, resolviese en forma definitiva la forma de gobierno que conviniera a todos los pueblos.

 

La sublevación de Borges

Al no recibir apoyo del gobierno nacional, Isnardi renunció a su cargo, hecho que fue aprovechado por los partidarios de Aráoz, que convocaron al Cabildo para elegir un teniente de gobernador provisorio. La elección recayó en Tomás Juan de Taboada, partidario de Aráoz. La reacción no se hizo esperar. El 4 de setiembre de 1815 Juan Francisco Borges, a la cabeza de unos setenta hombres, marchó rumbo a la casa de Taboada al que exigió la renuncia. Luego se dirigió hacia la plaza principal y mediante el tañido de las campanas del Cabildo convocó al vecindario, quien a viva voz lo proclamó gobernador provisorio. Aráoz mandó de inmediato tropas que se enfrentaron con las fuerzas rebeldes en la plaza principal. Borges fue herido y enviado prisionero a Tucumán, aunque al poco tiempo logró huir rumbo a Salta. Al año siguiente regresó a su ciudad natal.

Manuel Belgrano, jefe del ejército del Norte, propuso al Congreso, reunido en Tucumán en 1816, el nombramiento del sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador y comandante de armas de Santiago del Estero. Ibáñez asumió el cargo ante la contrariedad de Borges y sus seguidores. El 10 de diciembre de 1816, Juan Francisco Borges inició su segundo movimiento emancipador. Apresó a Ibáñez, lo envió prisionero a Loreto, asumió nuevamente el cargo de gobernador provisorio y marchó al interior de la provincia a reclutar gente.

Enterado Belgrano de los sucesos, mandó una expedición al mando del comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid, para reprimir a Borges y a sus seguidores. Éste había acampado en Pitambalá donde fue localizado y derrotadas sus fuerzas. La orden del Congreso era fusilar a los cabecillas de cualquier rebelión armada y Belgrano como jefe del ejército la hizo cumplir. Juan Francisco Borges fue fusilado el 1 de enero de 1817 en el paraje de Santo Domingo. Sus compañeros, Lorenzo Lugones, Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat, fueron castigados con menos rigor.

Más que la lucha por un federalismo comunal como consideraba Ricardo Levene, la sublevación de Borges se trató de la disputa de la burguesía santiagueña por ejercer su soberanía, iniciando el camino de separación de las provincias que componían el antiguo régimen de intendencias. Fue, en consecuencia, un proceso de retroversión de la soberanía ya que los pueblos concebían la relación con la autoridad central en términos de acuerdos pactados entre ciudades. El imaginario pactista, según el modelo formulado por Artigas, era más bien confederal que federativo.

 

Las luchas por la autonomía

Los primeros meses de 1820 fueron decisivos para el futuro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Constitución de 1819, centralista y monárquica, rechazada por los caudillos del litoral, Francisco Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, fue el detonante que determinó la marcha de las tropas federales hacia Buenos Aires, con el propósito de derrocar al gobierno directorial de Rondeau. Los ejércitos se enfrentaron el 1 de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda y terminó con el triunfo de las montoneras de López y Ramírez. Como consecuencia el directorio y el Congreso fueron suprimidos. No había ya autoridades nacionales. Sin embargo, ese cúmulo de odios y enfrentamientos que estallaron en el año 20 y que llevó a un proceso de descomposición y desorganización nacional, marcó el inicio de la organización de las provincias que, en definitiva, revitalizó el proceso revolucionario por la participación de todas y cada una de las partes integrantes de la nacionalidad.

A fines de 1819, en Tucumán se había producido una sublevación que puso nuevamente al frente de la gobernación a Bernabé Aráoz. Mientras las provincias del litoral trataban de organizarse firmando pactos entre ellas, en el norte, Aráoz quería conformar un núcleo territorial autónomo integrado por las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, aunque reconociendo la inclusión en un todo, que era la propia nación. Por ello el gobernador tucumano instó a las provincias de Catamarca y Santiago para que enviasen sus diputados, a fin de constituir la denominada República del Tucumán. Para asegurarse una elección favorable envió tropas con el pretexto de escoltar al general Manuel Belgrano, con la salud sumamente quebrantada, en su viaje rumbo a Buenos Aires. Realizada la elección con la presencia coercitiva de las tropas tucumanas, los partidarios de la autonomía llamaron en auxilio al comandante de la frontera de Abipones, el general Juan Felipe Ibarra.

Ibarra pertenecía a una familia hegemónica en la zona fronteriza de Matará, aunque también tenía poder en la ciudad ya que algunos de sus miembros habían ocupado magistraturas en el cabildo. Era un caudillo que sustentaba su influencia en bases campesinas convertidas en montoneras criollas. Su poder se lo había ganado en su actuación en el Ejército del Norte, en las incursiones contra los indios que asolaban las fronteras y en el punto estratégico de la sede de su comandancia, situada en la unión de las rutas interprovinciales.

Si bien Ibarra no pertenecía a las familias capitulares de antigua raigambre virreinal y revolucionaria, estaba emparentado con ellas y su hegemonía política se sustentaba en las fuerzas armadas permanentes, custodias de la línea de fronteras, distintas a los grupos milicianos que se reclutaban en la ciudad en momentos de crisis. En consecuencia, su poder resultaba más independiente y menos compartido por las zonas que dominaba, con mayor equilibrio social y escasez de franjas en disputa.

Su poderío provenía de la militarización y asalarización de las tropas defensoras de la frontera indígena, que concentraban la mayor cantidad de la fuerza militar de la provincia. El impulso de la frontera como base del poder político procedía del predominio militar de ésta y de la crisis de poder de las burguesías urbanas.

Frente a la intromisión tucumana Ibarra marchó de inmediato rumbo a la capital santiagueña, con el apoyo de tropas santafesinas de Estanislao López. Enterado de su avance, el Cabildo encargó la protección de la ciudad al capitán Echauri e instó a todos los habitantes, mediante un bando, a alistarse para la defensa. En la madrugada del día 31 llegó al ayuntamiento una nota de Ibarra que decía: “No puedo ser ya más insensible a los clamores con que me llama ese pueblo en su auxilio por la facciosa opinión que sufre indebidamente de V. S. para cimentar de mucho su esclavitud. Me hallo ya a las inmediaciones de ese pueblo benemérito y si V.S. en el preciso término de dos horas desde el recibo de esta intimación, que desde luego lo hago, no le permite reunir libremente en un Cabildo abierto a manifestar su voluntad, cargo con toda mi fuerza al momento...”

El combate se dio en las inmediaciones de la iglesia Santo Domingo y concluyó con el rotundo triunfo de Ibarra. Inmediatamente un cabildo abierto lo eligió por unanimidad teniente de gobernador interino y proclamó un nuevo cabildo adicto a la causa de la autonomía. El 17 de abril, y sustentándose en teorías de derecho público similares a las sostenidas en la Revolución de Mayo, Ibarra y el Cabildo fundamentaron la reasunción de la soberanía ante la disolución del Congreso Nacional.

El nuevo gobernador juró su cargo el 25 y finalmente, el 27 de abril de 1820, los electores, reunidos en el cabildo, proclamaron solemnemente la autonomía de la provincia, para lo cual se labró el Acta correspondiente. En ella se especificaba que no se reconocía otra autoridad más que la del Congreso de todos los estados provinciales y se auspiciaba la reunión de una Junta Constitucional, que debía redactar una constitución provisoria según el sistema federal.

El movimiento autonómico invocaba los derechos del pueblo de auto gobierno, aunque manteniendo relación de dependencia con un poder central fruto de la organización nacional a partir de la reunión futura de un congreso general constituyente. La emergencia de las soberanías locales fue la respuesta de los pueblos del interior a las pretensiones centralistas de Buenos Aires. La cuestión de la soberanía pasó a ocupar el lugar protagónico al reasumirla los pueblos del interior, entre ellos, Santiago del Estero.

Las provincias, en consecuencia, no surgieron como parte constitutivas de un Estado central sino como Estados independientes, autónomos, con un nuevo régimen representativo. La antigua estructura virreinal fue disgregándose y surgieron soberanías autónomas que constituyeron nuevas provincias con nuevas jurisdicciones. A pesar de ello, se buscó reorganizar un orden social a través de la firma de pactos interprovinciales.

Los gobiernos provinciales conformados a partir de 1820, fueron al decir de Juan Bautista Alberdi, gobiernos de “carácter nacional por el rango, calidad y extensión de sus poderes”; consecuencia de la resistencia a la usurpación de atribuciones soberanas de la nación por parte de Buenos Aires. La cuestión de la soberanía provincial aparece, así, relacionada íntimamente con la de la ciudadanía. La emancipación de los poderes de base regional o provincial, a partir de 1820, pudo concretarse gracias a la disolución del poder central. Sin embargo fueron estos gobiernos locales los que hicieron posible la constitución del poder central en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional.

 

Bibliografía

- Alen Lascano Luis (1992): Historia de Santiago del Estero; Plus Ultra; Buenos Aires.

- Chiaramonte, José Carlos (1997): Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina; Ariel, Buenos Aires.

- Goldman, Noemí (directora) (1998): Revolución, república, confederación; Sudamericana, Buenos Aires.

- Halperin Donghi, Tulio (2005): Revolución y guerra; Siglo Veintiuno. Buenos Aires.

- Tenti de Laitán, María Mercedes (1997): Santiago del Estero, desde los primitivos habitantes hasta el período ibarrista; Santiago del Estero.

Fuente: historiacriticammt.blogspot.com.ar

6/12/14

Las Primeras Huelgas Femeninas En Santiago Del Estero

Por María Mercedes Tenti de Laitán



Las primeras huelgas organizadas por mujeres en Santiago del Estero, las encontramos en el año 1.908. El numeroso gremio de mujeres comerciantes del mercado, especialmente las verduleras y vendedoras del campo que concurrían diariamente con pequeños bultos de comestibles, “andaba nervioso y excitado”, según decía “El Liberal”, por habérseles aumentado el derecho de sisa, que percibía como rentas el municipio. El nuevo cobrador municipal, de apellido Rizo Patrón, les exigía pagar 10 o 20 centavos por cada canasto o bulto que introducían, cuando antes de la reforma pagaban 5 o 10 centavos, respectivamente. Las más afectadas eran las verduleras que iban al mercado todos los días en sus carritos, llenos de canastos y atados, para surtir sus puestos. El nuevo cobro les significaba entre 70 centavos y un peso diario, e importaba triplicar las gabelas municipales. También debían pagar el impuesto al agua, cuando a veces no tenían ni una gota del líquido vital. El cobro era excesivo, en especial si consideramos que había pobres mujeres que venían diariamente a la ciudad, desde una o dos leguas de distancia, trayendo mercadería cuyo valor a veces no pasaba de 50 centavos. El 7 de octubre de 1.908 todas las verduleras se declararon en huelga, a excepción de una o dos, a las cuales enrostraron las huelguistas su falta de solidaridad y compañerismo. Esto determinó la intervención del comisario y la prisión de tres o cuatro de las reclamantes entre las que figuraba una en estado avanzado de embarazo que sufrió, como consecuencia, una leve descompostura. La medida irritó a todas, resolviendo acompañar a las presas a la policía. Así lo hicieron y permanecieron frente al local policial hasta que luego de dos horas de espera fueron puestas en libertad. En repudio a la actitud de la fuerza pública, y oponiéndose a los nuevos impuestos, marcharon en manifestación a la municipalidad con el objeto de pedir al intendente que dejase sin efecto el aumento considerado injusto a la vez que imposible de pagar. A pesar de la insistencia de las mujeres, el intendente de la capital, Genaro Martínez Pita, no las quiso recibir haciéndoles decir con el secretario, que presentaran la petición por escrito. En vista del cariz que iban tomando los acontecimientos, los gremios de matanceros y puesteros de carne hicieron causa común con las verduleras y amenazaron con la huelga. Al día siguiente, las huelguistas decidieron recurrir ante las autoridades provinciales en busca de una solución al conflicto. El gremio de las verduleras concurrió a la casa del ministro Gorostiaga, ex secretario del partido republicano. Éste, al decir de  “El Liberal”, se mostró con las pobres mujeres más democrático que el ex cívico del 90, Martinez Pita, y las recibió, en su escritorio. Luego de escucharlas y encontrarles la razón, les prometió influir para ayudarlas. Por la mañana del día 9 de octubre, el gremio de mujeres concurrió nuevamente a la municipalidad para entrevistarse con el intendente. El jefe comunal pidió que avanzase una sola en representación de las demás.

Se adelantó, la “más letrada”, doña Teresa Morales, que era “capaz de decirle cuatro verdades al padre eterno

(El Liberal, 10 de octubre de 1.908). Después de diez minutos de cálido y contundente alegato don Genaro se rindió y decidió anular el aumento que había provocado la reacción de las verduleras. Había triunfado el gremio de las mujeres luego de los  “buenos oficios” del ministerio. Esa mañana, “las buenas señoras, satisfechas y rozagantes, hicieron su entrada  triunfal al mercado cargadas de lechugas, coliflores y repollos, sin restricción  alguna”  (Ibídem)

La huelga había concluido exitosamente. Sin embargo, a los pocos días el conflicto de mujeres se trasladó al otro lado del río Dulce. El 13 de octubre, y a raíz del mal tiempo imperante, las vendedoras del mercado de La Banda se negaron a pagar los impuestos municipales por tratarse de un predio a cielo abierto, convertido en un lodazal. El cobrador acudió de inmediato ante el comisario Cordero, y a los pocos minutos el gremio de vendedoras integrado, en número de 40, fue a parar a la comisaría. Al día siguiente, y como repercusión de la prisión de las mujeres, fue puesto preso también el joven Pedro Bravo, uno de los propietarios del periódico “El Pueblo”, de La Banda, que había censurado la medida. Como respuesta, las vendedoras del mercado decidieron realizar una manifestación de escobas el día 28, en contra del intendente comisario. Ante el giro que iban tomando los acontecimientos, el juez Pavesi liberó el 17 de octubre al periodista, hecho que fue recibido con muestras de júbilo por toda la población. Inmediatamente se realizó una entusiasta manifestación popular en apoyo a Pedro Bravo. Entre los manifestantes figuraba u buen número de mujeres del gremio de vendedoras del mercado. Como el comisario negó permiso para que la columna desfilase por el lugar, la manifestación se hizo en la imprenta de “El Pueblo” que se llenó de gente de ambos sexos. Habló en representación de las mujeres la Srta. Paz para “aplaudir el movimiento de opinión y la solidaridad del vecindario de La Banda en defensa de las vendedoras expoliadas”.

(El Liberal). El movimiento continuó en resistencia al pago del impuesto municipal de sisa, y hasta tanto no les ofreciesen a las mujeres vendedoras una sombra o un reparo que las protegiese de las inclemencias del sol y del tiempo. Del sitio llamado “mercado”, las mujeres se trasladaron al centro socialista en manifestación, acompañadas de numerosos adherentes, que se sumaban continuamente a su paso. Al regreso ya era un gran gentío y Cordero, cohibido ante la unanimidad y la decisión del vecindario, no osó repetir la prohibición a la columna que, después de desfilar, se detuvo a aplaudir una media docena de discursos “con ají y pimienta contralos pulpos que chupan el sudor del trabajo ajeno y no quieren ni siquiera ofrecer una sombra para las mujeres que tienen que trabajar para sí y para los burócratas que las esquilman

(El Liberal, 19 de octubre de 1.908). La tensión aumentaba y las vendedoras se negaban a pagar el tributo de sisa. Cordero, juez y parte (intendente municipal que aplicaba el impuesto a cobrar y comisario de policía que conminaba el pago del mismo), ordenó al Sr. Paz Pinto (ayudante) que si no pagaban en el acto, llevase presas a todas las vendedoras. Éste se negó a cumplir, por falta de orden escrita. En respuesta, comenzó a organizarse de inmediato una gran manifestación silenciosa con escobas, para pedir el cambio de autoridades de La Banda. La presencia en la ciudad del Dr. Manuel Alonso, el 20 de octubre, dio margen a una nueva concentración. El viaje de Alonso respondía a un llamado del gremio de vendedoras para que las representase en las gestiones tendientes a la eximición del pago del impuesto. La columna de manifestantes, encabezada por las mujeres en conflicto, se trasladó a “El Pueblo”, en donde habla ron varios oradores. A las autoridades municipales se las acusó de no preocuparse por el bienestar de la población y de que todas las entradas invertían solamente para pagar $80 mensuales a un comisario cobrador de impuestos, $50 al secretario “sin labor de ninguna clase” y $60 o $70 al carrero que hacía mal el servicio de limpieza. Alonso se entrevistó con Cordero y el secretario Irurzun para discutir el tema que los convocaba, es decir la rebaja en los impuestos municipales: de 10 centavos para los patrones y 25 para los vendedores ambulantes en carritos, a 5 y 10 centavos, respectivamente. Finalmente se arribó a un acuerdo para que se cobrase de la segunda forma, lo que importaba un triunfo para las mujeres vendedoras, ya que el tributo de sisa quedaba reducido más del doble. El 28 de octubre de 1.908 asumió por segunda vez la gobernación de la provincia el Dr. Dámaso Palacio. Ese mismo día se anunció oficialmente la construcción del mercado de La Banda. Las primeras huelgas de mujeres, verduleras y puesteras de Santiago del Estero y La Banda, habían concluido con un rotundo triunfo.
Fuente:  www.academia.edu - Fundación Cultural Santiago del Estero