Según el propio INDEC, Santiago del Estero es
una de las provincias con mayor déficit hídrico: el 41,3% de los hogares carece
de provisión de agua dentro de la vivienda y el 24,2% de la población, es
decir, uno de cada cuatro santiagueños, no tiene ningún tipo de acceso al agua
de red.
Si desmenuzamos estos datos del Censo 2010, nos encontramos
con que 120.000 santiagueños sobreviven gracias al agua de lluvia, de cauces
naturales o por camiones cisterna por los cuales, en muchos casos, se pagan
elevadas tarifas. Otros 100.000 comprovincianos subsisten a través de la
extracción de agua de pozos y perforaciones.
A pesar de esta acuciante situación, los legisladores
nacionales del Frente Cívico que representan a la provincia en el Congreso
aprobaron el nuevo Código Cívil excluyendo el artículo que reconocía como “derecho fundamental” el acceso al agua
potable y obligaba al Estado a garantizarlo sin distinción a “todos los
habitantes para fines vitales”.
Dicho artículo había sido incluido en el anteproyecto
original pero el kirchnerismo decidió suprimirlo, argumentando, entre otras
razones, que el reconocimiento de tal derecho significaba poner sobre las
espaldas de los gobernadores la solución de un problemática que, claro está, no
puede resolverse de la noche a la mañana.
DÉFICIT HISTÓRICO
Ahora bien, ¿que hizo al respecto el gobierno provincial en
estos 10 años de crecimiento económico? Teniendo en cuenta el enorme flujo de
recursos que llegó desde la Nación, se hizo muy poco, dado que el gran déficit
hídrico de la provincia sigue prácticamente en los mismos niveles que hace una
década.
En el año 2007 el gobierno santiagueño presentó un Plan
Estratégico Territorial en el que se proponían 32 grandes obras hídricas a fin
de “incorporar la mayor parte de la
provincia al desarrollo productivo que posibilite mejores condiciones de vida a
la población”.
En el documento, la administración zamorista reconocía que
la provincia “dispone globalmente de agua
suficiente para distribuir en toda su geografía” y que lo que hacía falta
es contar con “la infraestructura de
conducción y distribución capaz de cubrir las necesidades de consumo doméstico
y agua para la producción”.
Sin embargo, de esas 32 obras hídricas, que en
su mayoría deberían haber finalizado o estar en plena ejecución, el gobierno
logró avanzar solo en cuatro: se inició la construcción del Acueducto del Oeste
y el Acueducto Amicha-La Puerta, inaugurándose solamente la reconstrucción del
Dique Figueroa y el Dique de Villa La Punta. El primero nunca tuvo agua y el
segundo, que costó más de $700 millones,
sufre importantes filtraciones y no ha podido abastecer de agua a las
viviendas de la región. Por el contrario, el Departamento Figueroa es el de
mayor déficit de provisión de agua, con el 90% de las viviendas sin el recurso.
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