Culpan a terratenientes + gobierno por el crimen del campesino

Por Ecoportal.net

 

Cristian Ferreyra, 22 años, murió desangrado tras recibir un escopetazo en la pierna disparado por Javier Juárez, uno de los matones a sueldo de los sojeros de Santiago del Estero. Cristian estaba en su casa del paraje San Antonio con dos de sus compañeros del Mocase-Vía Campesina, esperando hacer una asamblea allí mismo en la que la comunidad debía debatir cómo defenderse del avance de topadoras, sojeros, políticos y parapoliciales, que tienen prácticamente sitiada a la comunidad de 25 familias que viven en 2.000 hectáreas e integran el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Allí llegaron Javier y Arturo Juárez, definidos por el Mocase como “mercenarios contratados por el terrateniente José Ciccioli”. Resultó herido Darío Godoy, también integrante del Mocase, y un tercer campesino fue gravemente golpeado.

El “desierto sojero”

Carlos Orellana, vecino de Cristian e integrante del Mocase explicó: “Estamos defendiendo el lugar donde vivimos. Viene gente de los empresarios, matones, y ahora están contratando también a campesinos que se prestan para que haya estas cosas que ocurren: muertes, violaciones. Nos tenemos que organizar para que haya justicia. Es nuestra tierra ancestral. El gobierno está con este capitalismo, con los terratenientes”.

Orellana se refiere al gobierno provincial del radical kirchnerista Gerardo Zamora, y al nacional. “No nos respetan, por eso nos hacen la guerra, para quedarse con la tierra y destruirla”.

La comunidad San Antonio está a 60 kilómetros de Monte Quemado, y forma parte de la Central Campesina Copo Alberdi (CCCOPAL) donde está también el pueblo indígena Lule Vilela. Son 816 familias que se autoabastecen y crían ganado en un territorio de 75.000 hectáreas pretendido por gobierno y terratenientes para ampliar el desierto sojero.

 Guerra declarada

 En agosto José Cuellar -cuñado de Cristian- había sido detenido sin causa por la policía de Monte Quemado, el municipio más cercano (a 60 kilómetros).

En septiembre, la radio Pajsachama (del Mocase) había sido atacada y destruida con bombas molotov.

La quema de ranchos y pertenencias, denunciada por el Mocase, se venía convirtiendo en costumbre cotidiana.

 Adicción

 La adicción económica y política al modelo sojero es el trasfondo de estos crímenes que violan leyes, constituciones, tratados internacionales y, sobre todo, vidas. Una curiosidad: el desmonte en los parajes santiagueños -según denunció el Mocase- fue autorizado por la dirección de Bosques y Fauna provincial. La asamblea de San Antonio iba a denunciar a esa repartición.

Esta “normalidad” provincial provocó que el Mocase (que ha tenido acuerdos con ciertas políticas del oficialismo nacional) saliera a cortar rutas como la 34, el año pasado, en demanda de que se le reconozcan la tierra que ocupan, de justicia, y de fin de los atropellos, todos temas ignorados por la autodenominada prensa nacional. Aquella vez el corte duró más de un mes.