Por Guillermo Adolfo Abregú. Investigador, ensayista. Santiago del Estero.
Un acta y un manifiesto hacían realidad la voluntad y la
obra de los precursores y gestores de la autodeterminación (levantamientos del
coronel Juan Francisco Borges en 1815 y 1816) como pueblo y como entidad
jurídico-política que se sumaría al concierto de la Confederación de las
Provincias del Río de la Plata y a la firma del Pacto Federal de 1831.
Hechos como éste empezaban a forjar un arduo e intrincado
proceso, pero nítido en sus fines de alcanzar la Organización Nacional
conformada por provincias autónomas enmarcadas en los postulados de un
federalismo de auténticos propósitos, aunque no exento de tropiezos que
perdurarían a través del tiempo.
Cierta historiografía calificó a aquellas acciones de
militares de línea y caudillos de montoneras, sus invasiones, tomas de
gobiernos y declaración de sus autonomías, como “la anarquía del año veinte”.
Sin embargo, esas agitaciones culminaron con la consolidación definitiva de la
República, aunque todavía quedarían pendientes muchos escollos por superar.
Repasando la historia, vemos cómo nos dividieron cuestiones
de índole política o ideológicas (unitarios y federales, Buenos Aires y la
Confederación, centralismo e interior). Esa problemática, en nuestro desarrollo
histórico institucional ha tenido vigencia casi permanentemente, desde el
momento en que no se impusieron ni se respetaron reglas claras que importen el
acatamiento de los principios que sustenta el federalismo, como sistema
aceptado y recibido por la Constitución de la Nación.
Federalismo precursor
Santiago del Estero mucho tiene que decir al respecto,
porque a partir de la declaración de su autonomía se acentuó el sentido de un
pacto federal que regulase las órbitas de poderes, promoviendo el crecimiento
de la provincia, la justicia y la defensa de la región. Un año después de la
declaración de la Autonomía, el gobierno del brigadier Juan Felipe Ibarra firmó
en Vinará un tratado con Tucumán, que se constituyó en uno de los pactos
preexistentes a la Constitución nacional.
Este acuerdo del 5 de junio de 1821 es uno de los pactos
fundadores desde el que suscribieron en Pilar las provincias de Buenos Aires,
Entre Ríos y Santa Fe. Pero recién en el año 1831, al firmarse el Pacto
Federal, las provincias que fueron adhiriendo a él poco a poco, vislumbraron la
posibilidad de obtener una coparticipación más equitativa, aunque el
centralismo siguió manteniendo una marcada hegemonía sobre su puerto, sus
rentas y el crédito público derivados de las provincias.
La Autonomía fue la voz de los hombres sin amos y una consigna
común para la consolidación del federalismo. Y si éste no logró afirmarse
realmente en la dimensión que debía cobrar, se convirtió en un sistema capaz de
promover la búsqueda de soluciones para los desequilibrios, y al mismo tiempo
en un derecho que consolida un proyecto de sociedad basado en la justicia y la
libertad.
Efectivamente, en aquellos álgidos años comenzaba a formarse
la Organización Nacional. Los caudillos provinciales repudiaron la política
dictatorial y la hegemonía centralista. Así se levantaron Córdoba, San Juan,
Tucumán, Mendoza y San Luis, ratificando la condición nacional en ciernes, como
ya lo habían hecho Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Salta, o poco después
Santiago del Estero y Catamarca. El 27 de abril de 1820, venciendo Juan Felipe
Ibarra a las tropas tucumanas, la provincia entra a la historia libre de
ataduras regionales, como lo fue con Tucumán, o centralistas con Buenos Aires,
enarbolando su identidad, sus derechos, su dignidad y su autonomía.
Hechos, no retórica
A 192 años de aquel acontecimiento, nos replanteamos el
significado de la autonomía y del federalismo, convalidando los principios que
hicieron posible la Constitución Nacional y la formación de un país
democrático.
Acerca de la desfederalización que ha existido durante
tantas décadas en el país, es un problema real cuya solución debe ser encarada
efectivamente por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, mediante
políticas que exterioricen una voluntad clara y concreta, en orden a
revitalizar los principios federalistas y autónomos sobre los que se asienta
nuestro sistema institucional.
El federalismo, la descentralización, deben ser objetivos
claros, posibles, que no queden librados a la imaginación y voluntad creadora
de los argentinos. Los ideales de integración (que de alguna manera están
plasmados en la Constitución Nacional cuando habla de regionalización) y de
vertebración deben ponerse en marcha de una vez por todas. Tenemos los
instrumentos que ambicionamos para despertar de las pesadillas de tantas crisis
que nos golpearon despiadadamente. La fe y el trabajo podrán ponerse en marcha
y operar milagros.
No nos engañemos pensando que sólo los europeos (los países
centrales) son capaces de reconstruir sobre las ruinas. Nuestra historia y
nuestra cultura están hechas de historias increíbles, por eso no debemos
descartar la posibilidad de unirnos para contribuir a la consolidación,
fortalecimiento y perfeccionamiento del actual sistema institucional. Debemos
cumplir así con la esencia misma del federalismo, que reclama por sobre todas
las cosas, la férrea unión de los argentinos, que le dé sentido de plenitud a
la existencia.
Durante largas décadas en la política argentina se abusó
hasta el hartazgo de la retórica y de engañosos discursos. Esto sucedió cuando
hubo que referirse al federalismo. Se lo exaltó como el sistema más acabado de
una república que encontró en él su destino de grandeza, porque fundado en
razones históricas y espirituales de incuestionable vigencia sirvió para
modelar las características locales de los pueblos, sin que nada de ello se
introdujera en un impedimento para la concepción nacional del país. Sin
embargo, salvo las voces del interior que exigían la participación de las
provincias en igualdad de condiciones -de acuerdo con los pactos preexistentes-
los intereses portuarios siguieron practicando en los hechos una política
unitaria netamente centralista, que no quería adaptarse a un federalismo
vertebrador que obliga a respetar las autonomías y a concertar con las
provincias acuerdos políticos, sociales y económicos.
Hoy seguimos insistiendo en visualizar una nueva tónica de
posibilidades de concretar viejas aspiraciones; para ello hacen falta
profundizar las coincidencias y la aceptación en lo que realmente importa, que
es el federalismo que tanto se proclama y que aprendimos a amar casi como un
símbolo más de los argentinos, para que tenga vida propia y deje de ser una
brillante teoría para erigirse en una efectiva y productiva realidad.
Hay que reflotar el sentido del federalismo, para que deje
de ser el grito de batalla de unos contra otros.
Autonomía y dignidad
Aquel 27 de abril de 1820, cuando tras ser convocado por los
cabildantes, el comandante de Abipones, Juan Felipe Ibarra, venció a las tropas
enviadas desde Tucumán -de donde se dependía-, logrando hacer realidad el sueño
libertario, Santiago del Estero recuperaba su dignidad, su “ser autónomo”, y al
mismo tiempo marcando un hecho trascendente que fue ejemplo de principios
jurídicos y políticos que sirvieron para dar sustento y continuidad a los
ideales de integración y de respeto mutuo entre las provincias.
Esa dignidad debe ser preservada hoy más que nunca, evitando
las divisiones y abriendo caminos de convivencia y superación, sin que ello
signifique no reparar errores, y no caer en situaciones que propicien las
intervenciones foráneas, como las últimas que tuvo la provincia en 1993 y 2004.
Ser autónomos es ser libres, pero al mismo tiempo representa
saber cuidar esa libertad.
Ser autónomos es no tener amos fuera de nuestras fronteras,
pero también significa que no los tengamos adentro. Se trata pues, de defender
nuestros derechos y de promover el crecimiento de la provincia y de los más
altos valores humanos.
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