Pedro Simón, juez y parte contra los campesinos
Se hizo conocido por desalojar chacareros. Si el Senado lo aprueba, tendrá a su cargo causas que investigan violaciones a los DD.HH..
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Aun cuando sólo se analizaran sus antecedentes, se lo podría calificar como un verdadero experto en desalojar campesinos: desde su banca de diputado provincial impulsó una ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por usurpación; como abogado, representó a empresas y terratenientes sojeros para expulsar a las comunidades santiagueñas de sus tierras: Pedro Eugenio Simón es ahora el candidato de la presidenta Cristina Fernández para ocupar el cargo de fiscal federal de Santiago del Estero.
En caso de que su pliego sea aprobado por el Senado, Simón tendrá a su cargo causas que investigan distintas violaciones a los derechos humanos de las que son blanco los campesinos. Un grupo de organizaciones ya presentaron impugnaciones a su postulación.
“Si Simón resultara elegido, se estaría designando a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos”, consideraron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) en una de las impugnaciones presentadas en contra del abogado. El otro rechazo, redactado por la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, redunda en el mismo sentido: “Simón se ha desempeñado con encomio y absoluta convicción en detrimento de los valores del derecho humanitario universal”.
El currículum de Simón abunda en ejemplos. Hasta hace muy poco tiempo, perteneció a Sechi-Retondo de Spaini, un estudio jurídico especializado en desalojar a campesinos santiagueños y que tiene como clientes a varias corporaciones nacionales e internacionales sojeras.
Simón replicó su experiencia al ocupar una banca en la Legislatura provincial. Como diputado del Partido Justicialista, impulsó la ley que permite desalojar de sus tierras a campesinos e indígenas como medida cautelar, es decir, sin siquiera una audiencia de la contraparte. La norma había sido derogada por la intervención federal por “colocar a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”.
Por si quedaban dudas, Simón reconoció ante las cámaras de Canal 9 que desalojó personalmente a una familia campesina del sudeste santiagueño, “ejerciendo la calidad de diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados”.
A pesar de las impugnaciones que fueron planteadas por las organizaciones locales, la candidatura de Simón al importante cargo de fiscal federal avanzó. A tal punto que el Ejecutivo nacional, al tanto de sus antecedentes, llevó su pliego en el Senado.
Aun cuando sólo se analizaran sus antecedentes, se lo podría calificar como un verdadero experto en desalojar campesinos: desde su banca de diputado provincial impulsó una ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por usurpación; como abogado, representó a empresas y terratenientes sojeros para expulsar a las comunidades santiagueñas de sus tierras: Pedro Eugenio Simón es ahora el candidato de la presidenta Cristina Fernández para ocupar el cargo de fiscal federal de Santiago del Estero.En caso de que su pliego sea aprobado por el Senado, Simón tendrá a su cargo causas que investigan distintas violaciones a los derechos humanos de las que son blanco los campesinos. Un grupo de organizaciones ya presentaron impugnaciones a su postulación.
“Si Simón resultara elegido, se estaría designando a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos”, consideraron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) en una de las impugnaciones presentadas en contra del abogado. El otro rechazo, redactado por la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, redunda en el mismo sentido: “Simón se ha desempeñado con encomio y absoluta convicción en detrimento de los valores del derecho humanitario universal”.
El currículum de Simón abunda en ejemplos. Hasta hace muy poco tiempo, perteneció a Sechi-Retondo de Spaini, un estudio jurídico especializado en desalojar a campesinos santiagueños y que tiene como clientes a varias corporaciones nacionales e internacionales sojeras.
Simón replicó su experiencia al ocupar una banca en la Legislatura provincial. Como diputado del Partido Justicialista, impulsó la ley que permite desalojar de sus tierras a campesinos e indígenas como medida cautelar, es decir, sin siquiera una audiencia de la contraparte. La norma había sido derogada por la intervención federal por “colocar a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”.
Por si quedaban dudas, Simón reconoció ante las cámaras de Canal 9 que desalojó personalmente a una familia campesina del sudeste santiagueño, “ejerciendo la calidad de diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados”.
A pesar de las impugnaciones que fueron planteadas por las organizaciones locales, la candidatura de Simón al importante cargo de fiscal federal avanzó. A tal punto que el Ejecutivo nacional, al tanto de sus antecedentes, llevó su pliego en el Senado.
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