Tiene fecha el juicio por contaminación

La causa contra dos productores y un piloto comenzará el 27 de febrero de 2012. Los acusan de arrojar pesticidas de manera irregular en una zona poblada.

 por Redacción LAVOZ

La imagen muestra la cercanía que los campos de soja tenían con las calles y las viviendas del barrio.

Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012 se sentará en el banquillo de los acusados a dos productores agropecuarios y a un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba.

La Cámara 1ª del Crimen será la encargada de juzgar a Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello, acusados de violar el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9164.

Se trata de la primera causa en Córdoba –y una de las primeras a nivel nacional– en la que van a juicio productores agropecuarios por fumigar campos con agroquímicos.

La norma en cuestión prohíbe la aplicación aérea de determinados productos en un radio menor a los 1.500 metros (endosulfán) y a los 500 metros (glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud. Ambos elementos se habrían detectado en la investigación que motivó la elevación 
a juicio.

“En un barrio de cinco mil habitantes hay cerca de 200 personas con cáncer y cerca de 100 ya murieron por esa enfermedad. Estos agroquímicos son cancerígenos”, dijo el año pasado el fiscal que instruyó la causa, Carlos Matheu, al pedir 
el enjuiciamiento de los imputados.

Matheu pidió elevar a juicio esa causa, pero el juez de Control dispuso el sobreseimiento de los imputados. Frente a esa decisión, el fiscal interpuso recurso de apelación, cuestionando los fundamentos de Díaz, al considerar que había pruebas para un juicio.

La Cámara de Acusación finamente resolvió a favor de la querella, y el nuevo fiscal para el juicio será Marcelo Novillo.

La historia. La causa comenzó en 2002, cuando un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Lo hizo a pesar de la resistencia de las autoridades sanitarias de entonces –en especial del Ministerio de Salud provincial– quienes se negaban a tomar seriamente el reclamo de la gente del barrio. También intentaron minimizar el problema.

Luego se constató que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico y se puso la lupa en el PCB de los transformadores de Epec, en el agua contaminada con arsénico y en las fumigaciones cercanas.

Hubo varios informes de diferentes entidades, la mayoría de los cuales concluyó que no era normal la elevadísima tasa de casos de cáncer, leucemias y otras enfermedades respiratorias.

La lucha de las madres hizo que, entre otros logros, se comenzara a proveer agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionara primero una ordenanza y luego una ley provincial para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas.

La causa que motiva el juicio se inició en 2008, cuando el entonces secretario de Salud del municipio –Medardo Avila Vazquez– denunció a los productores al sostener que seguían fumigando al lado del barrio, a pesar de la prohibición. Avila Vazquez ya no es funcionario pero sigue siendo uno de los querellantes: “Cuando se marcaban en el plano las casas de la gente enferma, se veía claramente que a medida que se acercaba a la zona fumigada aumentaba la densidad de los casos. La relación geográfica es muy fuerte. En 2009 hubo un relevamiento nuevo. Muestra la misma distribución. Hay menos casos, porque muchas familias se fueron. Pero todavía hay muchas que se siguen enfermando”, señala.

Carlos Hairabedian, el abogado de uno de los productores agropecuarios, explicó que la defensa se basará en el intento de demostrar la falta de pruebas.

“Es la línea menos conflictiva con los vecinos, con quienes no nos queremos confrontar. Tampoco vamos a entrar en la discusión sobre cuestiones ambientales”, afirmó. “Sabemos que hay toda una lucha de los vecinos y un estado de irritación que no queremos exacerbar. La confrontación o el choque, que es propio del debate oral, no sería el mecanismo adecuado. De todas maneras, eso no significa resignar en modo alguno el derecho de los imputados”, agregó Hairabedian.